SOBRE LA NUEVA REGULACIÓN A LOS INFLUENCERS ESPAÑOLES

SOBRE LA NUEVA REGULACIÓN A LOS INFLUENCERS ESPAÑOLES

La influencia que hoy en día tienen los creadores de contenido en la sociedad es enorme. En concreto, son capaces de orientar y conducir las decisiones de compra y las opiniones de sus seguidores, en muchos casos contados por millones. Sin embargo, a diferencia de los medios tradicionales, que operan bajo estrictos controles editoriales, los influencers han disfrutado de una libertad considerable, a menudo sin las restricciones necesarias que garanticen su transparencia y honestidad. Esto ha dado lugar a abusos, especialmente en el ámbito financiero y de salud, con una falta de claridad que ha llevado a engaños y manipulaciones.

Precisamente, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la comunicación digital y proteger a los consumidores, el gobierno español acaba de aprobar una normativa que regula la actividad de los influencers. Inspirada en la legislación francesa, coimpulsada por los diputados Stéphane Vojetta y Arthur Delaporte, esta ley marca un hito importante en la regulación de la influencia comercial y las plataformas de redes sociales en España.

La nueva legislación establece una serie de criterios de aplicación basados en ingresos, actividad en redes y número de seguidores. Así pues, sólo los influencers que superen los 300.000 euros de ingresos anuales, cuenten con un millón de seguidores en una sola plataforma o dos millones en total, y hayan publicado al menos 24 vídeos al año estarán sujetos a esta ley. Estos creadores deben inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales y cumplir con la normativa en materia de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual, como identificar los espacios publicitarios o no hacer publicidad de tabaco, medicamentos o alcohol. En otras palabras, sus obligaciones se homologarán con las del resto de agentes audiovisuales.

Sin duda, esto supone un primer paso crucial para equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de proteger a los consumidores en un mercado muy digitalizado. No hay más que echar un vistazo a la legislación francesa, que ha traído transparencia y credibilidad a las publicaciones digitales patrocinadas, obligando a los influencers a identificar claramente cualquier contenido comercial que publican, y fortalecido así la protección al consumidor.

Ahora bien, todavía queda camino por recorrer. Esta normativa debería extenderse a más creadores de contenido con menos seguidores, pero con el mismo potencial de influir en un gran número de personas. Incluso, sería deseable contar con una legislación europea que establezca obligaciones específicas en este sentido. Al final, se trata de que los consumidores puedan distinguir de forma clara cuándo los contenidos que están viendo han sido pagados por una empresa y cuándo no, sin inducirles a error y sin causarles ofensas graves.

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